HISTORIA

1990

Mensaje de la Comisión Directiva

Sin duda fue un año crucial. En 1990 se desarrollaron acontecimientos económicos y sociales que muchos argentinos habían ansiado presenciar durante décadas, junto con hechos y decisiones que los mismos protagonistas difícilmente hubieran aceptado siquiera en el terreno de las suposiciones.

Desde el comienzo del año el rebrote hiperinflacionarlo azotó a operadores, ahorristas y consumidores. Aún respuestas poco ortodoxas como el Plan Bonex no lograron atenuar el crecimiento de los precios, cuyas tasas de variación a nivel del consumidor no bajaron de los dos dígitos mensuales hasta el mes de octubre. Sin embargo, dentro de este difícil contexto signado por la incertidumbre y por el estancamiento en vastos sectores productivos, desde la conducción económica del Gobierno lograron impulsarse un conjunto de medidas estructurales. Más allá de las críticas que puedan haber merecido su ritmo y el control de su implementación, estos hitos están destinados a dejar marcas profundas en la forma en que los argentinos concebimos -y ejecutamos- las actividades económicas: en el futuro serán con más libertad y menor presencia del Estado de lo que conocimos en los últimos 60 años.

Durante los doce meses de 1990 operó el Mercado Libre de Cambios, junto con libertad de contratación para todos los salarios del sector privado y la inmensa mayoría de los precios de bienes y servicios. Aunque tímidamente, la apertura económica continuó progresando (en los primeros días de 1991 se estableció, finalmente, un arancel quasi-único de importación del 22°le), permitiendo la entrada del oxígeno de la competitividad a través del intercambio internacional. El retroceso del Estado en el ámbito económico se manifestó tanto en una pequeña reducción de la Administración Nacional (que no fue claramente acompañada en las jurisdicciones provinciales y municipales) como en el proceso de privatizaciones que devolvió a la iniciativa privadú varias empresas y actividades ejercidas por el sector público. Durante todo el año -también un hecho poco usual- la Tesorería pudo disfrutar de un superávit de caja. Nuestra Cámara ha manifestado claramente su apoyo a estas políticas del Gobierno Nacional, que están dirigidas a poner en marcha un proceso que facilitará la inserción de nuestro país en la interdependiente economía global en la que ya están integrados los países más desarrollados del planeta. Y lo ha hecho colocándose por encima de los propios intereses sectoriales, ya que 1990 no ha sido un año fácil para desentrañar el futuro de nuestras empresas.

Como si algún extraño duende hubiera logrado hacer retroceder los engranajes de la máquina del tiempo, desde las primeras semanas del año las Casas y Agencias de Cambio volvieron a verse agredidas desde distintos rincones de la Administración. No son esta vez las mismas armas con que en 1987 algunos funcionarios intentaron cerrar de un decretazo a todas las entidades cambiarias. El arsenal de 1990 contiene nuevas herramientas -quizás más sutiles pero sin duda diseñadas para lograr un objetivo similar: el cierre de nuestras firmas.

En el comienzo del periodo, versiones periodísticas -que luego fueron confirmadas por declaraciones de miembros del equpo económico- difundieron la intención de implantar una gabela específica para las Casas y Agencias de Cambio; una suerte de "derecho de patente" -tal como lo denominaron los medios de comunicación- que habría consistido en la obligación de pagar un monto fijo al fisco, con una frecuencia anual. Este proyecto dejaba de ladolos principios racionales modernos de la imposición tributaria, ya que su propia definición significaba gravar el solo ejercicio de una actividad lícita, con prescindencia de su rentabilidad efectiva o del volumen comprobado de sus operaciones. Este impuesto especial indicó una clara intención discriminatoria contra los operadores naturales del Mercado Libre de Cambios, instaurado en los últimos días de 1989, ya que los demás intermediarios autorizados en moneda extranjera no habrían sido alcanzados por el tributo en cuestión. Esta situación afectaría los pilares constitucionales de la igualdad, la equidad y generalidad de las cargas públicas y también el derecho de propiedad, ya que las cifras que se conocieron acerca de esta patente son claramente confiscatorias y significarían, de hecho, la extinción de la inmensa mayoría de las Casas y Agencias de Cambio.

La intensa movilización de nuestra Cámara, que realizó numerosas presentaciones ante funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y formadores de opinión, logró que en 1990 este absurdo proyecto careciera de viabilidad, aunque periódicamente su sombra vuelve a aparecer en el horizonte. No se habrá alcanzado todavía la mitad del año, cuando el 30 de mayo el Banco Central fijó los capitales mínimos de las Casas y Agencias de Cambio en dólares estadounidenses, en niveles que en algunas categorías significan exigir diecisiete veces en esa moneda los requerimientos vigentes para fines de 1989.

Este arbitrario y desmedido incremento dispuesto por la Autoridad Monetaria carece de justificación: por un lado, la operatoria de las entidades cambiarias permanecía sin cambios ni expansiones que ovalaran mayores exigencias y, en comparación con otras entidades, las casas de cambio -que sólo utilizan su propio patrimonio para desarrollar su actividad- debían mantener capitales por más del doble de lo solicitado a instituciones habilitadas para recibir depósitos del público, en la misma zona geográfica. Adicionalmente, se somete a las Casas y Agencias de Cambio a la incertidumbre de tener que prever el tipo de cambio al 31 de diciembre de cada año, colocándolas en una clara situación de desventaja económica frente a otros intermediarios autorizados del Mercado de Cambios que conocen la exigencia patrimonial en australes con seis meses de anticipación al momento de su integración.

Nuestra Cámara presentó un recurso ante el B.C.R.A. en el que se expone esta argumentación, se pide la revisión de la comunicación correspondiente, se califica de inconstitucional la medida por el exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria, se solicita el establecimiento de capitales mínimos razonables, adecuados a la naturaleza y actividades de las entidades cambiarias. También, mientras se decidiera esta cuestión, se pidió la implementación de un plan de encuadramiento, para que las Firmas Asociadas pudieran diferir en el tiempo semejante carga inesperada.

El Banco Central no contestó aún ninguno de los puntos de nuestro petitorio. Las Casas y Agencias de Cambio de la Capital Federal soportaron, además, otra situación injusta. La Ordenanza Tarifaria que aprobó el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires para 1990 elevó la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos para las entidades cambiarias al 16,25% , un incremento del 261 por ciento con respecto a la que regia hasta 1989.

Por el carácter de la base imponible de este gravamen (margen bruto), semejante alícuota adquiría -al igual que la patente- un nítido carácter expropiatorio. Pero además violaba inequívocamente el principio constitucional de la igualdad, ya que por la misma operación cambiarla las entidades financieras sólo tributarían. -por una alícuota del 5,06%. Fueron inútiles los intentos de explicar a la autoridad administrativa esta argumentación -de hecho el Intendente Carlos Grosso no contestó nuestra reiterada solicitud de audiencia- por lo que las Casas y Agencias de Cambio de Buenos Aires tuvieron que recurrir a la justicia para que restablezca la paridad de condiciones entre los distintos tipos de intermediarios en moneda extranjera. Una vez más, estos difíciles e injustos desafíos que plantea la realidad externa a nuestras empresas, sirvieron para acrecentar los vínculos que unen a las Firmas Asociadas y para consolidar nuestra acción institucional.

Durante el mes dé junio, el Congreso -Protagonismo Privado y Crecimiento" que organizó CADECAC sirvió de foro para que importantes dirigentes de la comunidad discutieran quizás el principal centro de atención que enfrentará nuestro país en la década que se inicia. Las sesiones fueron prestigiadas por la participación de la primera linea de la conducción económica -encabezada por el entonces Ministro de Economía Cdor.Antonio Erman González-, de los, dirigentes empresarios, de importantes economistas y de colegas de los paísses miembros de la Federación Interamericana de Casas de Cambio. Las jornadas fueron clausuradas por un mensaje del Vicepresidente de la Nación Dr. Eduardo Duhalde. Fue sin duda, una de las reuniones económicas más importantes de 1990.

Los injustos ataques que recibió nuestro sector a lo largo del año nos obliga a redoblar la intensidad de nuestras acciones. Parece estar todavía pendiente la tarea de esclarecer a algunos sectores de nuestra sociedad de que la nuestra es una tarea de intermediación al servicio del conjunto de la economía productiva que necesita ponerse en contacto con el resto del mundo. La Comisión Directiva entiende que solamente una acción de largo plazo puede lograr este propósito y compromete sus mejores esfuerzos para cumplir este objetivo.